Delitos transfronterizos
| Resumen | Última actualización: Abril 1996 |
El ámbito global de la red genera una dificultad añadida a la hora de perseguir los delitos en Internet. Imaginemos la siguiente hipótesis: un usuario de Internet brasileño que introduce una copia no autorizada de un programa americano en un servidor en las Islas Caimán con el fin de que lo copie un italiano. En este caso, además de determinar el lugar de comisión del delito, a los efectos de designar la legislación aplicable y la jurisdicción competente para enjuiciar el caso, deberá tenerse en cuenta que el pais en el que se halla el servidor pertenece a la categoría de los llamados paraisos fiscales, ahora convertidos en paraisos informáticos, que no han ratificado los convenios internacionales de propiedad intelectual o de auxilio a la administración de justicia. La proliferación de casinos virtuales, bancos de datos personales, remailers anónimos y centros de distribución de copias no autorizadas de software, han hecho que los servidores situados en estos paises aparezcan como refugio para la comisión de todo tipo de delitos. No obstante, la combinación de los tradicionales procedimientos jurídicos con las propias soluciones tecnológicas que ofrece la red, permiten la investigación y la persecución de los llamados delitos transfronterizos. A las medidas de bloqueo en destino utilizadas hasta ahora, se añade la posibilidad de un bloqueo en origen, consistente en la retirada del IP (Internet Protocol) por parte de la IANA, entidad encargada de concederlo. El IP es un número que identifica al servidor y lo hace visible en la red, de manera que su retirada impide el acceso a la información contenida en dicho servidor. Dicho bloqueo puede tener lugar como resultado de una sentencia judicial o de la concesión de medidas cautelares por parte de un órgano judicial. La IANA es una asociación con sede en Estados Unidos, lo cual hace posible la ejecución de sentencias dictadas por órganos judiciales europeos. |
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