CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA

I. INTRODUCCIÓN

I. Lista de "organismos y categorías de organismos de derecho público"............... 63

II. Lista de los poderes adjudicadores sujetos al acuerdo GATT.............................. 75

1. Prohibiciones del Tratado

En el Tratado CEE no se hace referencia explícita a la contratación pública. No obstante, sus normas constituyen obligaciones fundamentales de alcance general que los poderes adjudicadores deben respetar en la celebración de todos sus contratos, incluso aquéllos que por su escaso valor pecuniario no entran en el ámbito de aplicación de las disposiciones comunitarias sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos

El principio del Tratado que se aplica a los contratos públicos de obras es el de la libre circulación de mercancías, fijado por el artículo 30 y siguientes y, más específicamente, la prohibición de las restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación así como de las medidas que tengan un efecto equivalente al de las restricciones.

Los productos beneficiarios de la libre circulación de mercancías y, por lo tanto, de la prohibición de medidas de efecto equivalente, son tanto los productos originarios de los Estados como los productos de terceros países y en libre práctica en los Estados miembros.

Por medidas de efecto equivalente debe entenderse toda disposición legal, reglamentaria y administrativa, así como todo acto o actuación de una autoridad pública , o que le sea imputable, susceptible de constituir un obstáculo directo o indirecto, real o potencial, para el comercio intracomunitario.

Un obstáculo de este tipo puede estar originado tanto por una medida que prevea un trato discriminatorio para productos importados o exportados, como por una medida que prevea un mismo trato para productos nacionales y productos importados.

En el primer caso puede tratarse, por ejemplo, de una autorización a la importación o a la exportación. Es preciso señalar, sin embargo, que en este primer caso, la prohibición de restricciones cuantitativas y de medidas de efecto equivalente está limitada por la cláusula de excepción prevista en el artículo 36.

De acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, los Estados miembros estará autorizados a mantener o promulgar medidas restrictivas respecto de productos importados, exportados o en tránsito, cuando estén justificadas por razones de moralidad pública, orden público, seguridad pública, protección de la salud y la vida de las personas y animales, conservación de especies vegetales, protección del patrimonio nacional, de valor artístico, histórico o arqueológico, o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, dicha autorización se concede a condición de que las restricciones o las medidas no constituyan ni un medio de discriminación arbitraria, ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

En el segundo caso, es decir, el de las medidas aplicables indistintamente a productos nacionales y productos importados, se trata generalmente de normas que, con la finalidad de proteger la salud, el medio ambiente, los consumidores, etc., fijan las condiciones técnicas y cuantitativas o las condiciones de autorización o control que deben reunir los productos para poder ser comercializados. Dichas normas son contrarias al artículo 30 cuando los efectos restrictivos que provocan en las importaciones son desproporcionados respecto a las exigencias imperativas que se proponen alcanzar. En efecto, el principio básico en el sector de las normas técnicas y demás normas es el reconocimiento mutuo entre Estados miembros, por ejemplo, de las normas de calidad y de composición nacionales, de los procedimientos nacionales de pruebas técnicas y de certificación, etc.

En adelante, la armonización comunitaria en este sector se aplicará, en buena parte de los casos, sólo cuando la haga inevitable una exigencia imperativa. Es importante procurar que no se introduzcan obstáculos abusivos a los intercambios intracomunitarios, alegando una exigencia esencial.

A tal efecto, el artículo 100 A del Tratado prevé que las propuestas de armonización en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente, y protección de los consumidores se realicen tomando como base un nivel de protección elevado (por ello, a los productos acordes con la armonización comunitaria no podrán aplicárseles medidas restrictivas más que en casos excepcionales) y establece un procedimiento más flexible, y en consecuencia más rápido, para la adopción de dichas propuestas.

Por otra parte, dicho artículo somete al control de la Comisión y del Tribunal de Justicia las medidas excepcionales, justificadas por exigencias importantes previstas en el artículo 36 o relativas a la protección del entorno laboral o del medio ambiente, que puedan adoptar los Estados miembros después de que se adopte una medida de armonización comunitaria.

2. DISPOSICIONES DE COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS NACIONALES

1. Objetivo

El Tratado establece obligaciones negativas que prohiben cualquier medida o comportamiento discriminatorios.

Sin embargo, por sí solas, dichas prohibiciones no bastaban para lograr el mercado único en el sector específico de la contratación pública. En efecto, la disparidad de las disposiciones nacionales en la materia y la inexistencia de una obligación de apertura a la competencia comunitaria de los contratos públicos eran factores que favorecían significativamente el mantenimiento de la compartimentación de los mercados. Así pues, pareció necesario garantizar una igualdad de las condiciones básicas de participación en los contratos públicos en todos los Estados miembros y la transparencia de los procedimientos de adjudicación para permitir así un mayor control del respeto de los principios fijados por el Tratado.

A fin de completar la prohibición de las restricciones a la libre circulación de mercancías, el Consejo adoptó la Directiva 77/62/CEE de 21.12.1976 "de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro".

Dicha coordinación se estructuró esencialmente en torno a tres principios básicos:

• organización de una publicidad comunitaria para el desarrollo de una competencia efectiva entre los operadores económicos de todos los Estados miembros;
• prohibición de las especificaciones técnicas del objeto del contrato que tuvieran un efecto discriminatorio;
• aplicación de criterios objetivos de participación en los procedimientos de adjudicación y en la elección del contratista.

La primera directiva no aportó los resultados esperados en lo relativo a la apertura de los contratos: por un lado, esta legislación comunitaria no ofrecía suficientes garantías y adolecía de numerosas lagunas y, por otro, su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales reflejaba el proteccionismo que durante demasiado tiempo había sido la característica fundamental de este sector.

Así pues, para paliar las deficiencias detectadas en la reglamentación anterior, se adoptó una nueva directiva: la Directiva del Consejo 88/295/CEE de 22.3.1988.

Las principales innovaciones introducidas por la Directiva afectaban a:

• la definición del ámbito de aplicación;
• la información sobre las condiciones de apertura a la competencia;
• la transparencia de los procedimientos;
• la definición de las especificaciones técnicas.

Por último, esta legislación fue sustituida por la Directiva del Consejo 93/36/CEE de 14 de junio de 1993 "sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro".

Dicha Directiva, por un lado, ha adecuado las normas aplicables a los contratos públicos de suministro a las que se habían adoptado ya en materia de contratos públicos de obras, de carácter más estricto y pormenorizado y, por otro, ha reunido en un solo texto las disposiciones que anteriormente se encontraban desperdigadas en diversos actos legislativos. Esta codificación de las normas reviste una gran importancia, pues permite a los operadores económicos europeos disponer de un texto claro y transparente y, por lo tanto, hacer valer con mayor facilidad los derechos específicos de los que gozan.

Cabe recordar que el ámbito de aplicación de esta Directiva no se limita a los países de la Unión Europea, sino que abarca también, en virtud del "Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" a Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Además, es preciso señalar que el Parlamento Europeo y el Consejo están examinando en la actualidad una propuesta de Directiva destinada a lograr una coincidencia de las disposiciones de la Directiva 93/36/CEE con las del nuevo Acuerdo sobre Contratación Pública firmado por la Unión Europea a raíz de las negociaciones comerciales de la Ronda de Uruguay llevadas a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

1. Efecto jurídico

Por lo que respecta al efecto jurídico de las directivas, el artículo 198 del Tratado CEE establece que "la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios".

Así, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas necesarias a fin de incorporar a su ordenamiento jurídico las disposiciones de las directivas de las que son destinatarios.

La Directiva debía aplicarse en los Estados miembros, a más tardar, el 14 de junio de 1994. No obstante, se mantuvieron las obligaciones previstas en las distintas disposiciones anteriores en lo relativo a los plazos de incorporación y de aplicación. De ahí que los únicos plazos de aplicación que aún sigan abiertos sean los que afectan a Grecia y Portugal (1.1.1998) y ello, únicamente, por lo que respecta a las disposiciones sobre adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

Sin embargo, los efectos de las directivas no sólo dependen de cómo las incorporen los Estados miembros.

Con arreglo a la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia en materia de efecto directo, una vez transcurrido el plazo previsto para efectuar la incorporación al ordenamiento jurídico nacional, los Estados miembros no pueden ampararse en la falta de incorporación al ordenamiento jurídico nacional o en la adopción de medidas no conformes a una directiva para oponerse a la aplicación, por parte de sus tribunales, de disposiciones que tengan efectos directos.

Para determinar si las disposiciones tienen efectos directos, el Tribunal ha establecido el principio de que en cada caso deberá analizarse si la naturaleza, la economía y los términos de la disposición pueden producir efectos directos en las relaciones entre los Estados miembros y los particulares. Ese es el caso en general para las disposiciones que expresan obligaciones claras, precisas e incondicionales, que no reservan ningún margen de apreciación a los Estados miembros destinatarios de la directiva.

Por otra parte, si se dan las condiciones exigidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para que un particular pueda invocar las disposiciones de una directiva ante los tribunales nacionales, todos los órganos de la administración, incluidas las autoridades descentralizadas, deben aplicar tales disposiciones".

En efecto, el Tribunal considera que sería contradictorio admitir que los particulares puedan interponer recursos contra la administración, amparándose en las disposiciones de una directiva que reúna las condiciones antes citadas, y, al mismo tiempo, considerar que dicha administración no está obligada a aplicar las disposiciones de la directiva derogando aquellas normas nacionale que no se ajusten a la misma.

1. ¿qué se entiende por contratos públicos de suministro?

1. Definición

Los contratos públicos de suministro son contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre, por una parte un proveedor, y, por otra, un poder adjudicador, que tienen por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento o el arrendamiento-venta con o sin opción de compra, de productos. La entrega de los productos puede incluir, con carácter accesorio, trabajos de colocación e instalación.

2. Concepto de proveedor

Los proveedores pueden ser personas físicas, personas jurídicas o agrupaciones de proveedores.

3. Concepto de poder adjudicador

Con arreglo al artículo primero de la Directiva se consideran poderes adjudicadores el Estado, los entes territoriales, los organismos de derecho público y las asociaciones formadas por uno o varios de dichos entes o dichos organismos de derecho público.

Debe señalarse que, a los efectos de la aplicación de la Directiva, el concepto de Estado no se limita a la administración clásica, sino que también incluye aquellos organismos que, si bien desde el punto de vista formal no se sitúan dentro de la estructura tradicional de la administración, carecen de personalidad jurídica y llevan a cabo tareas que normalmente corresponden a la administración del Estado, del que no son más que sus representantes, bajo diversas formas.

Esta fue la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de septiembre de 1988 en el Asunto 31/87, en el que se planteaba si la Directiva 71/305/CEE debía aplicarse a la adjudicación de contratos públicos de obras por parte de la Comisión local de concentración parcelaria Waterland, organismo desprovisto de personalidad jurídica propia.

Atendiendo a cómo el Tribunal de Justicia ha interpretado el concepto de "Estado" en la Directiva de contratos públicos de obras, interpretación aplicable también a la Directiva de suministros, la definición de Estado debe entenderse funcionalmente, es decir, abarcar las entidades que, si bien formalmente se diferencian de los poderes adjudicadores, en realidad constituyen "un medio", totalmente dependiente de los mismos, del que se valen para actuar. En este caso concreto, el Tribunal afirmó que "un organismo cuya composición y funciones están previstas por la ley y que depende de los poderes públicos tanto para la designación de sus miembros como por la garantía de las obligaciones derivadas de sus actos, como por la financiación de los contratos públicos que está encargado de adjudicar, debe considerarse comprendido en el Estado, aunque formalmente no esté integrado en el mismo".

El principio que el Tribunal sentó en la definición de Estado es también aplicable a la definición de los restantes poderes adjudicadores citados en la Directiva, es decir, debe ampliarse a todo tipo de entidades creadas mediante un acto legal, reglamentario o administrativo de uno de dichos poderes adjudicadores.

La Directiva establece qué debe entenderse por "organismo de derecho público" a partir de tres criterios acumulativos. Es decir, se considerarán organismos de este tipo aquellos que:

2. posean personalidad jurídica, y

3. cumplan una de las tres condiciones siguientes:

• su actividad esté financiada mayoritariamente por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público,
• su gestión esté sujeta al control de dichos organismos,
• el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público designen más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de supervisión.

Así pues, quedará obligado a respetar la Directiva cualquier organismo con personalidad jurídica, pública o privada; cuyas decisiones operativas y actividad estén o puedan estar influidas por un poder adjudicador, debido a los vínculos que mantiene con dicho poder en virtud de una o más de las condiciones enumeradas en el tercer criterio; y que haya sido creado para responder a una finalidad de interés general.

De los organismos creados con una finalidad de interés general y que también cumplen los restantes criterios, la Directiva sólo no considera poderes adjudicadores los creados específicamente para satisfacer necesidades de carácter industrial o comercial, es decir, necesidades que estos organismos satisfacerán ejerciendo actividades económicas de carácter industrial o comercial consistentes en ofrecer bienes o servicios en mercados a los que también pueden acceder libremente, en régimen de plena competencia, otros agentes privados o públicos. Se trata pues de organismos que desempeñan actividades que pueden asimilarse a las de los empresarios privados.

Es necesario destacar que la excepción prevista en la Directiva se aplica únicamente a aquellos organismos que llevan a cabo este tipo de actividades por haber sido creados con la finalidad específica de ejercerlas. Consecuentemente, la excepción no regirá para aquellos organismos que, aún ejerciendo actividades comerciales o industriales, fueron creados con una finalidad de interés general distinta. Por ejemplo, un organismo creado específicamente para desempeñar tareas administrativas que respondan a necesidades de interés general de carácter social y que, para equilibrar su balance, ejerce también una actividad comercial rentable.

No obstante, deberá estudiarse cada caso concreto para decidir si se trata de un organismo de derecho público sujeto al respeto de la Directiva.

Para lograr la mayor transparencia en la aplicación de la Directiva, en ésta se indica que la lista de organismos y de categorías de organismos que reúnen las condiciones por las que se definen los organismos de derecho público es la que figura en el anexo I de la Directiva 93/37/CEE. Se trata de una lista lo más completa posible, cuyo procedimiento de actualización se establece también en la misma Directiva.

No obstante, la obligación que tienen los organismos de derecho público de respetar la Directiva no dependerá de que previamente figuren en la misma. La obligación nace a partir del momento en que reúne las condiciones citadas. De la misma forma, algunos organismos que figuran en ella podrían sustraerse a la obligación si dejaran de reunir uno o varios de los criterios acumulativos.

1. Tipos de contrato

La Directiva define los contratos públicos de suministros como "los contratos celebrados por escrito, con carácter oneroso que tengan por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento o el arrendamiento-venta, con o sin opción de compra, de productos,...".

En lo que se refiere a la forma, la Directiva limita su aplicación a los contratos escritos.

Por el contrario, la definición de las prestaciones de las partes contratantes es muy amplia y así la interpreta la Comisión. Por una parte, cubre toda la gama de posibilidades en cuanto a formas de remuneración, para las que pueda fijarse un precio en dinero, que el poder adjudicador se compromete a facilitar al proveedor. Por otra, cubre todas las formas mediante las cuales el proveedor, en contraprestación a la remuneración, se compromete a poner mercancías a disposición del poder adjudicador, de forma inmediata o en el futuro.

Una interpretación restringida, que limitara la aplicación de la Directiva a los contratos definidos por los Estados miembros, conllevaría ámbitos de aplicación distintos en cada Estado miembro, en función de los distintos contenidos que tales contratos tuvieran en el Derecho nacional que los regula, cuando lo que se precisa, por el contrario, es que exista un mismo ámbito de aplicación para todos los destinatarios.

En este sentido, se considerarán contratos públicos de suministro los "contratos abiertos" o "contratos marco", es decir, los contratos celebrados entre un poder adjudicador y uno o varios proveedores, cuyo objeto sea fijar los términos - tales como condiciones de precio, cantidades previstas, cantidades mínimas y máximas, condiciones de entrega, etc - de suministros que serán objeto de pedidos a lo largo de un determinado período y para los cuales las cantidades y precios definitivos se decidirán cuando se concrete el pedido y en relación con el mismo.

Para la aplicación de la Directiva, la estimación de estos contratos deberá efectuarse de conformidad con las normas que en la misma se establecen al respecto y que se relacionan en el punto 2.2.

Podría plantearse el problema de la aplicabilidad de la Directiva a determinadas actuaciones de los proveedores o del poder adjudicador, no vinculantes, previas a la conclusión de contratos todavía sin definir, de compra, arrendamiento financiero, arrendamiento o arrendamiento-venta con o sin opción de compra. A este respecto, debe insistirse en que en ningún caso dichas prácticas (contractuales, de procedimiento, administrativas) pueden tener por efecto el incumplimiento de la Directiva cuando se celebren contratos que en la misma se definen como contratos públicos de suministro, si el importe estimado de tales contratos, con arreglo a las normas para su cálculo, es superior al umbral aplicable.

 

2. Determinación del tipo de contrato

1. Contratos de suministros y contratos de obras

Con arreglo a la anterior definición de contratos públicos de suministro, la entrega de los productos objeto del contrato puede incluir, con carácter accesorio, trabajos de colocación e instalación, es decir, las actividades necesarias para que los productos sean utilizables.

En algunos casos podrían surgir dudas sobre la naturaleza del contrato público que se pretende adjudicar y, por tanto, sobre las normas que corresponde aplicar.

Para decidir si se trata de un contrato de suministros o de un contrato de obras, deberá considerarse el objeto del contrato y analizar si su finalidad es poner a disposición del poder adjudicador mercancías, es decir, bienes muebles, o bien entregar al poder adjudicador el resultado de trabajos de construcción o de ingeniería civil, resultados que son bienes inmuebles en sí mismos (por ejemplo, una nueva escuela) o que se incorpora a bienes inmuebles ya existentes (por ejemplo, la renovación de un teatro).

2. Contratos públicos de suministros y contratos públicos de servicios

Para trazar la línea de separación entre el ámbito de aplicación de la Directiva de suministros y el de la Directiva 92/50/CEE sobre contratos públicos de servicios, en esta última se fija como criterio de referencia el importe de los distintos componentes del contrato. Así, un contrato que tenga por objeto tanto el suministro de productos como la prestación de servicios a los que se aplica la Directiva 92/50/CEE deberá considerarse contrato público de suministros o contrato público de servicios según sea más elevado el importe de los productos o el importe de los servicios.

No obstante, este criterio no basta, por sí solo, para decidir cuál deberá ser la actuación del poder adjudicador que desee adjudicar un contrato que tiene por objeto servicios que superan el valor de los suministros, pero a los que no se aplica la Directiva de servicios.

En tal caso, antes de recurrir al criterio del importe, debe examinarse si el suministro de productos puede disociarse de las demás actividades.

Si el suministro de productos puede disociarse de la prestación de los demás servicios solicitados por el poder adjudicador, éste no podrá alegar que la Directiva de contratos públicos de servicios no es aplicable, a fin de evitar las disposiciones de la Directiva de suministros.

En cualquier caso está obligado a adjudicar el contrato de suministros respetando la Directiva.

La aplicación del criterio de disociabilidad, y a continuación el criterio del importe, se desprende de una sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia cuando todavía no existía la Directiva de contratos públicos de servicios, contexto asimilable al del ejemplo anterior.

La sentencia se refería a la aplicabilidad de la Directiva 77/62/CEE a los acuerdos para la creación de sistemas informáticos. La defensa argumentaba principalmente que la enorme complejidad de la aplicación de sistemas informáticos de gran envergadura -que comprenden, además de la adquisición de material, la creación de sistemas lógicos, la planificación, la instalación, el mantenimiento, la puesta en marcha del sistema en el plano técnico y a veces su gestión - exigía conceder la responsabilidad plena de todas estas actividades a una única empresa. De ahí que, habida cuenta de que el material es un elemento accesorio en la creación de un sistema informático, no procediera aplicar la Directiva puesto que por contratos públicos de suministro se entienden los contratos cuyo objeto principal es la entrega de productos. El Tribunal no aceptó tal argumento y afirmó que la creación de un sistema informático es disociable de las actividades relativas a la concepción y a la gestión del mismo, razón por la cual debe aplicarse la Directiva al suministro del equipo material necesario. A este respecto el Tribunal señaló que hubiera podido recurrir a empresas especializadas en la creación de material lógico para la concepción de los sistemas informáticos en cuestión y, respetando la Directiva, adquirir el equipo material con arreglo a especificaciones técnicas definidas por dichas empresas."

1. CONTRATOS PÚBLICOS DE SUMINISTROS INCLUIDOS EN LAS DIRECTIVAS

Los contratos públicos de suministro cuya definición ha sido examinada en el apartado anterior no siempre están sujetos a las normas de contratación establecidas en las directivas comunitarias. Estas sólo se aplican a los contratos que superan un determinado importe, con algunas excepciones relacionadas con el objeto del contrato, con la actividad ejercida por el poder adjudicador o con disposiciones de adjudicación particulares del contrato.

 

1. Umbrales

El umbral que los contratos públicos deben igualar o superar para quedar cubiertos por las directivas varía. Como norma general, todos los poderes adjudicadores deben respetar las normas comunitarias en los contratos cuyo importe sin IVA sea igual o superior a 200 000 ecus.

No obstante, las entidades centrales incluidas en el Anexo I de la Directiva deben respetar la Directiva en los contratos cuyo valor sin IVA iguale o supere el umbral fijado en el Acuerdo GATT sobre contratos públicos.

Dicho umbral es actualmente de 130 000 Derechos Especiales de Giro (DEG).

Las entidades contempladas en dicho Anexo que operan en el ámbito de la defensa deben respetar el umbral de 130.000 DEG únicamente en los contratos que afectan a los productos que se mencionan en el anexo II de la Directiva 93/36/CEE. Para los contratos que se refieran a otros productos, deben respetar el umbral de 200 000 ecus.

Los contravalores de los umbrales en moneda nacional, así como el umbral fijado en el Acuerdo GATT y expresado en ecus, se revisan, en principio, cada dos años, con efecto 1 de enero de 1988.

El cálculo de dichos contravalores se basa en la media del valor diario de dichas monedas, expresado en ecus, y del ecu expresado en DEG, durante los veinticuatro meses que finalizan el último día del mes de agosto precedente a la revisión que surte efecto el 1 de enero.

Dichos contravalores se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (Serie C, Comunicaciones e Informaciones) en los primeros días del mes de noviembre.

 

 

Las equivalencias del ecu y de los umbrales aplicables hasta la próxima revisión (o sea, salvo revisión anticipada, hasta el 31.12.1997) son los siguientes:

Contra valor en moneda nacional

 

	ECU 200.000	ECU 750.000	DTS 130.000
			ECU 137.537
Franc belge	7.898.547	29.619.550	5.431.710
Franc luxembourgeois	7.898.547	29.619.550	5.431.710
Dansk krone	1.500.685	5.627.567	1.031.998
Deutsche Mark	381.161	1.429.353	262.118
Drachmi	58.015.458	217.557.969	39.896.348
Franc français	1.316.439	4.936.647	905.295
Markka	1.223.466	4.587.996	841.359
Nederlandse gulden	427.359	1.602.595	293.888
Irish pound	160.564	602.116	110.418
Lira italiana	397.087.000	1.489.076.250	273.070.685
Oster. Schilling	2.681.443	10.055.413	1.843.988
Pound sterling	158.018	592.568	108.667
Peseta	31.992.917.	119.973.438	22.001.042
Escudo	39.297.792	147.366.719	27.024.493
Svensk krona	1.865.157	6.994.337	1.282.640

 

Por lo que respecta a las disposiciones de la Directiva a las que se hace referencia en el presente apartado 2.1, parece oportuno señalar que el Parlamento Europeo y el Consejo están examinando en la actualidad una propuesta de Directiva destinada a lograr una coincidencia de las disposiciones de la Directiva 93/37/CEE con las del nuevo Acuerdo sobre Contratación Pública firmado por la Unión Europea a raíz de las negociaciones comerciales de la Ronda de Uruguay llevadas a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

2. Estimación del importe del contrato

1. Métodos

El método empleado para determinar el importe de un contrato es esencial cuando se trata de determinar si se supera o no el umbral. La Directiva prevé reglas específicas para garantizar el empleo de métodos de cálculo idénticos en toda la Comunidad y evitar que se fijen importes artificialmente bajos con la finalidad de sustraer los contratos a las disposiciones comunitarias de adjudicación.

En los contratos que tengan por objeto el arrendamiento financiero, el arrendamiento o el arrendamiento-venta de productos, el método de cálculo difiere según la duración del contrato.

Las bases para efectuar el cálculo son las siguientes:

• en contratos de duración determinada igual o inferior a doce meses: el importe total estimado para la duración del contrato,
• en contratos de duración determinada superior a doce meses: el importe total del contrato, incluyendo el valor residual estimado de los productos al final del contrato,
• en contratos de duración indeterminada o cuando no pueda determinarse la duración: el importe mensual multiplicado por 48.

Cuando se trate de contratos de carácter regular o que vayan a renovarse en el curso de un determinado período, debe considerarse:

• bien el importe global efectivo de los contratos sucesivos análogos celebrados en los doce meses previos o en el ejercicio precedente, ajustado, cuando sea posible, a las modificaciones en valor o cantidad que podrían producirse en los doce meses siguientes al contrato inicial,
• bien el importe global estimado de los contratos sucesivos en el transcurso del ejercicio, a condición de que la duración de éste sea superior a doce meses.

En cualquier caso, la elección entre ambos métodos de cálculo no debe tener como finalidad sustraer los contratos a la aplicación de las directivas.

Cuando un poder adjudicador prevea adquirir suministros homogéneos que puedan dar lugar a la celebración simultánea de varios contratos por lotes separados, debe considerarse el importe estimado de la totalidad de los lotes. Si dicho importe supera el umbral, deben adjudicarse todos los lotes con arreglo a la Directiva. Este último importe se tomará también como base cuando los métodos descritos se empleen para calcular el importe de los contratos de arrendamiento financiero, de arrendamiento o de arrendamiento-venta.

Hay que considerar suministros homogéneos la entrega de productos que tenga una finalidad idéntica o similar, como por ejemplo la entrega de distintos productos alimenticios o distintos muebles de oficina.

Cuando los contratos de suministro prevean expresamente opciones, la estimación del importe del contrato se realizará teniendo en cuenta el importe total máximo autorizado para la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento o el arrendamiento-venta, incluidas las opciones.

1. Momento de la estimación

El valor de los suministros que se desean contratar puede variar en función de la coyuntura. Por tanto, para determinar si el contrato llega al umbral de aplicación de la Directiva, también puede ser de gran importancia el momento en que se efectúa la estimación.

Por esta razón, independientemente de la estimación del importe del contrato que se haya realizado anteriormente, los poderes adjudicadores están obligados a tomar en consideración el importe que los suministros objeto del contrato tengan en el momento en que se inicie un procedimiento de adjudicación mediante el envío de un anuncio para su publicación o mediante una invitación a negociar.

2. Fraccionamiento de los contratos

Por último, existe una prohibición de carácter general: ningún contrato previsto podrá fraccionarse con objeto de sustraerse a la aplicación de las normas para calcular el importe de los contratos o, simplemente, a la aplicación de la Directiva.

Por ejemplo, cuando un poder adjudicador comprende varios servicios, al calcular el importe del contrato debe tener en cuenta el conjunto de las necesidades de los servicios si éstos no forman unidades administrativas descentralizadas y, por tanto, a los efectos de la Directiva, no se consideran poderes adjudicadores con capacidad para celebrar, por sí mismos, contratos de suministros.

1. Contratos excluidos

Antes de indicar cuáles son los contratos excluidos de la aplicación de la Directiva de suministros, parece oportuno destacar que las disposiciones que prevén las excepciones deben interpretarse de forma restrictiva.

Respecto a los contratos de suministros adjudicados en los sectores de los servicios públicos, la Directiva excluye de su ámbito de aplicación "los contratos celebrados en los ámbitos mencionados en los artículos 2, 7, 8 y 9 de la Directiva 90/531/CEE, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de adjudicación de contratos por las entidades de los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones y los contratos que reúnan las condiciones fijadas en el apartado 2 del artículo 6 de dicha Directiva".

Dicha Directiva fue sustituida por la Directiva 93/38/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 "sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones" y por lo tanto, las referencias a la Directiva 90/531/CEE se entienden como referencias a la Directiva 93/38/CEE.

El texto de los artículos es el siguiente:

Los contratos públicos de suministros adjudicados en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 93/36/CEE son aquellos a los que se refieren los citados artículos de la Directiva 90/531/CEE, que no es objeto de la presente guía.

No obstante, resulta oportuno precisar algunas cuestiones en lo que afecta a la línea que separa los contratos a los que se aplica la Directiva de suministros y los contratos a los que se aplica la Directiva 90/531/CEE.

Así, esta segunda directiva se aplica únicamente, con las correcciones previstas en el apartado 2 de su artículo 6, a los contratos que celebren las entidades adjudicadores que ejerzan una de las actividades a que se refiere dicha Directiva en relación con el ejercicio de tal actividad.

Consecuentemente, un poder adjudicador que desempeñe varias actividades al mismo tiempo sólo podrá ampararse en la inaplicabilidad de la Directiva 93/36/CEE para aquellos contratos públicos de suministros que adjudica en relación con el ejercicio de las actividades a que se refieren los citados artículos de la Directiva 90/531/CEE.

Por ejemplo, un ayuntamiento que preste un servicio de transporte terrestre de tranvía mediante una empresa municipal no está obligado a aplicar la Directiva de suministros cuando compre vehículos que vaya a utilizar en este servicio, pero sí cuando compre mobiliario para las escuelas.

Por otra parte, también es aplicable la Directiva de suministros cuando un ayuntamiento que no preste directamente tal servicio mediante una empresa municipal compre o arriende medios de transporte para ponerlos a disposición de una entidad que gestiona, en su propia sede, la red de transporte.

También se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva los contratos públicos que se rigen por normas de procedimiento distintas y que se celebren en virtud de:

• Un acuerdo internacional celebrado de conformidad con el Tratado CEE entre un Estado miembro y uno o varios terceros países y que se refiera a suministros destinados a la realización o explotación en común de una obra por los Estados signatarios. Cabe recordar que todos los acuerdos de este tipo deben comunicarse a la Comisión, la cual podrá consultar al Comité Consultivo de Contratación Pública
• Un acuerdo internacional relacionado con el estacionamiento de tropas y que afecte a empresas de un Estado miembro o de un tercer país.
• El procedimiento específico de una organización internacional. A este respecto, debe precisarse que las organizaciones internacionales no se consideran poderes adjudicadores a efectos de la Directiva, la cual no se les aplica. Por tanto, dicha exclusión se refiere a los contratos que, si bien son celebrados por poderes adjudicadores, aplican normas específicas de adjudicación de una organización internacional.

Por último, la Directiva no se aplica a los contratos públicos de suministro:

• cuando los suministros se declaren secretos,
• cuando su entrega deba ir acompañada de especiales medidas de seguridad con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor en el Estado miembro afectado,
• cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

Estos tres casos de inaplicación de la Directiva traducen al ámbito de los contratos públicos las competencias que el artículo 36 del Tratado CEE reserva a los Estados miembros. Dicho artículo establece una excepción a la prohibición de restricciones a la importación y exportación fijadas respectivamente en los artículos 30 y 34. Al igual que el artículo 36, estos tres casos de inaplicación de la Directiva deben interpretarse restrictivamente y con arreglo a los mismos criterios.

1. Contratos en el ámbito de la defensa

Sin perjuicio de las exclusiones indicadas anteriormente en el apartado dedicado a los contratos excluidos, la Directiva se aplica a todos los productos que son objeto de contratos públicos, incluidos los que son objeto de contratos adjudicados por los poderes adjudicadores en el ámbito de la defensa, con la excepción de los productos a los que se aplica la letra b) del apartado 1 del artículo 223 del Tratado CEE. Con arreglo a dicho artículo, la excepción sólo afecta a las armas, municiones y material de guerra que figuran en la relación de la Decisión del Consejo de 15 de abril de 1958, siempre que dichos productos se destinen a fines específicamente militares.

1. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

La Directiva prevé tres procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro: el procedimiento abierto, el procedimiento restringido y el procedimiento negociado, que sólo puede utilizarse en casos excepcionales que la Directiva enumera de forma limitativa. Este último procedimiento, según la justificación aducida en cada caso, puede ser con anuncio de contrato o sin él.

Nota de interés

Tanto en el procedimiento abierto como en el procedimiento restringido los poderes adjudicadores pueden solicitar a los licitadores determinadas precisiones a fin de evaluar mejor las ofertas presentadas, pero tienen prohibido negociar con ellos las condiciones del contrato.

El Consejo y la Comisión establecieron firmemente este principio, fundamental para la transparencia, al adoptar la Directiva 89/440/CEE sobre adjudicación de contratos públicos de obras.

En dicha ocasión efectuaron una declaración conjunta afirmando que "tanto en los procedimientos abiertos como en los restringidos quedará excluida cualquier negociación con los candidatos o los licitadores que se refiera a elementos fundamentales de los contratos cuya modificación pudiera distorsionar la acción de la competencia y, en particular, a los precios; sólo podrá discutirse con los candidatos o con los licitadores para que precisen o completen el contenido de sus ofertas así como los requisitos de los poderes adjudicadores, siempre que ello no tenga un efecto discriminatorio".

1. Procedimiento abierto

El procedimiento abierto es un procedimiento en el que, tras publicarse un anuncio de contrato, cualquier proveedor interesado puede presentar una oferta.

2. Procedimiento restringido

El procedimiento restringido es aquel en el que únicamente pueden presentar una oferta los proveedores a quienes el poder adjudicador invite a licitar, entre los que se presentaron como candidatos tras publicarse el anuncio de contrato.

Cuando la urgencia del contrato imposibilite el cumplimiento de los plazos habituales fijados para el procedimiento restringido, podrá recurrirse al procedimiento acelerado.

En este caso, los poderes adjudicadores deberán justificar el recurso a la forma acelerada en el anuncio de contrato publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Dado que la excepción puede restringir la competencia, la posibilidad de recurrir a la forma acelerada debe interpretarse de forma restrictiva, es decir, limitándola a aquellas situaciones en que el poder adjudicador puede probar la objetividad de la urgencia y la imposibilidad real de respetar los plazos habituales previstos para este tipo de procedimiento.

Así pues, el recurso a esta forma de procedimiento se limitará a los tipos y cantidades de productos para los que pueda probarse la necesidad de entrega urgente. Para el suministro de otros productos, deberá emplearse el procedimiento no acelerado.

Es conveniente señalar que cuando se empleen dos procedimientos y, por tanto, se fraccione un contrato de suministro en dos partes, en ningún caso quedará justificada la inaplicación de la Directiva si a consecuencia de ello el importe estimado de uno o ambos contratos es inferior al umbral de aplicación. También en este caso el importe de los contratos se estimará de conformidad con las normas establecidas en el punto 2.2.

3. Procedimiento negociado

El procedimiento negociado es un procedimiento en el que los poderes adjudicadores consultan a los proveedores de su elección y negocian con ellos las condiciones del contrato, por ejemplo, las condiciones técnicas, administrativas y financieras.

En el procedimiento negociado, la Directiva permite una actuación flexible por parte del poder adjudicador, no sólo en la fase de adjudicación del contrato sino también en la fase de discusiones previas. Sin embargo, este procedimiento no puede asimilarse a una contratación directa. Exige una actitud activa del poder adjudicador en la fijación de las cláusulas contractuales, en especial respecto a precios, plazos, cantidades, características técnicas y garantías.

Por otra parte, el procedimiento negociado no dispensa al poder adjudicador de la obligación de respetar determinadas reglas de buena administración, a saber:

• la comparación efectiva de las ofertas y sus respectivas ventajas, y
• la aplicación del principio de igualdad de trato entre licitadores.

El recurso a este procedimiento flexible se justifica por las circunstancias excepcionales de la contratación y, por tanto, sólo se autoriza en los casos que la Directiva enumera de forma limitativa.

La interpretación debe ser estricta, puesto que se trata de excepciones a las normas de una directiva cuyo objeto es garantizar una aplicación efectiva de los derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos de suministros. La carga de la prueba de la existencia efectiva de circunstancias excepcionales que justifiquen la excepción recaerá en el poder adjudicador que desee acogerse a dicha excepción.

En estos casos, la Directiva prevé el procedimiento negociado con o sin publicación previa de un anuncio de contrato en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

1. Procedimiento negociado con publicación de anuncio de contrato

En este procedimiento, los poderes adjudicadores tienen la obligación de elegir a los candidatos que invitarán a negociar entre los que presenten las características indicadas en el anuncio de contrato. Estas características no pueden ser otras que las enumeradas en los artículos 20 a 24 de la Directiva, es decir, sólo pueden referirse a la situación personal y a las capacidades técnicas, económicas y financieras del candidato.

El procedimiento negociado con publicación previa de un anuncio de adjudicación puede efectuarse de forma acelerada cuando la urgencia haga impracticables los plazos normales establecidos en la Directiva. Las observaciones antes formuladas respecto al recurso al procedimiento restringido acelerado también son aplicables aquí; asimismo, los poderes adjudicadores también están obligados a indicar en el anuncio del contrato la justificación del recurso a la forma acelerada.

El procedimiento negociado con publicación previa de un anuncio de contrato se admite cuando, tras un procedimiento abierto o restringido, sólo se han presentado ofertas irregulares, o inaceptables en virtud de disposiciones nacionales compatibles con el título IV de la Directiva (normas comunes de participación, criterios de selección cualitativa, criterios de contratación), siempre que las condiciones del contrato inicial, tal como se habían descrito en el anuncio y en los correspondientes documentos, no sufran modificaciones importantes.

En caso contrario, debe iniciarse por entero el procedimiento abierto o restringido, respetando plenamente las disposiciones de la Directiva para estos procedimientos. La Comisión considera, por ejemplo, que la modificación de algunos parámetros del contrato, como la financiación, los plazos de entrega y, en especial, las especificaciones técnicas de los productos solicitados, constituyen modificaciones importantes de las condiciones iniciales del contrato.

Por otra parte, el recurso al procedimiento negociado sólo puede considerarse legítimo si el poder adjudicador ha declarado previa y oficialmente que las ofertas recibidas en el procedimiento abierto o rstringido precedente son irregulares o no pueden aceptarse, y ha clausurado dicho procedimiento.

La publicación previa del anuncio de contrato pierde su carácter obligatorio si el poder adjudicador invita a participar en el procedimiento negociado a todos los participantes en el procedimiento abierto o restringido anterior que cumplan los criterios de selección cualitativa enumerados en los artículos 20 a 24 de la Directiva y que, tras el primer procedimiento, remitieron ofertas conformes a los requisitos formales del procedimiento.

 

2. Procedimiento negociado sin publicación de anuncio de contrato

El procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de contrato se admite en los siguientes casos excepcionales:

En el ámbito de la sanidad, y en virtud de la libertad de prescripción médica, el Tribunal acepta que el departamento farmacéutico de un hospital pueda necesitar urgentemente una especialidad farmacéutica determinada. No obstante, rechaza que dicha libertad de prescripción médica pueda justificar a priori el recurso sistemático a un procedimiento negociado para la totalidad de los suministros de productos y especialidades farmacéuticas de los hospitales;

tales entregas complementarias se destinen:

- bien a la ampliación de suministros o instalaciones existentes,

- incompatibilidad con los suministros o instalaciones que fueron objeto del contrato inicial, o

- dificultades técnicas de utilización y mantenimiento desproporcionadas.

Como norma general, estos contratos o los contratos renovables no podrán tener una duración superior a tres años.

1. Información de las decisiones del poder adjudicador

1. Rechazo de candidaturas y de ofertas

Los candidatos descartados tienen derecho a solicitar al poder adjudicador los motivos del rechazo de su candidatura y los licitadores a quienes se les rechace una oferta tienen derecho a solicitar al poder adjudicador información sobre los motivos del rechazo y el nombre del adjudicatario.

El poder adjudicador está obligado a comunicar las informaciones solicitadas en un plazo de quince días a partir de la recepción de la solicitud.

2. Anulación de un procedimiento de adjudicación

Los poderes adjudicadores pueden decidir renunciar a adjudicar un contrato para el que ya ha convocado concurrencia de ofertas, o bien volver a iniciar el procedimiento de adjudicación.

En estos casos, deberán informar a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas de la decisión tomada.

Además, deberán comunicar los motivos de su decisión a los candidatos y licitadores que lo soliciten.

3. Acta del contrato

Para cada contrato adjudicado, los poderes adjudicadores tienen la obligación de levantar un acta, que, como mínimo, deberá contener las siguientes informaciones:

• el nombre y dirección del poder adjudicador, el objeto y el importe del contrato,
• el nombre de los candidatos o licitadores seleccionados y los motivos de su selección,
• el nombre de los candidatos o licitadores rechazados y los motivos de su rechazo,
• el nombre del adjudicatario y la justificación de la elección de su oferta, así como, si se conoce, el porcentaje del contrato que el adjudicatario tiene la intención de subcontratar a terceros,
• en los procedimientos negociados, las circunstancias que justifican el recurso a este tipo de procedimiento. Estas circunstancias no podrán ser más que las previstas en la Directiva.

El acta, o sus principales puntos, debe remitirse a la Comisión, cuando ésta lo solicite.

2. NORMAS COMUNES DE PUBLICIDAD

1. Anuncios de contrato

La transparencia en todas las operaciones y procedimientos de la adjudicación de contratos es uno de los elementos esenciales para fomentar la competencia entre los agentes económicos y para conseguir una auténtica apertura de los contratos públicos en la Unión.

Con objeto de mejorar dicha transparencia, en la Directiva modificada se incrementa el número de anuncios que, en determinados casos, los poderes adjudicadores deben publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en la base de datos TED por lo que respecta a los contratos que adjudican mediante los procedimientos abierto, restringido o negociado.

1. Anuncio informativo previo

Es un anuncio indicativo cuyo objeto es dar a conocer a los proveedores potencialmente interesados el programa de adquisición de suministros.

Los poderes adjudicadores, con la mayor brevedad posible tras el inicio de su ejercicio presupuestario, deben hacer público por medio de dicho anuncio la contratación total, por grupos de productos, que prevén realizar en los próximos doce meses.

Esta publicidad es obligatoria cuando el importe total de los grupos de productos, calculado con arreglo a las normas antes citadas que determina la Directiva al respecto, es igual o superior a 750 000 ecus.

Los grupos de productos deben establecerse por referencia a las partidas de la nomenclatura "Classification of Products According to Activities (CPA)"

Dicha información previa pretende que tan pronto se fije el programa de adquisición de suministros se suscite el interés de los proveedores potenciales y, en la medida de lo posible, todos ellos estén en igualdad de condiciones, incluso los que se encuentren a mayor distancia del poder adjudicador.

2. Anuncio de adjudicación de contrato

La obligación de publicar un anuncio al iniciarse el procedimiento de adjudicación es un aspecto esencial para lograr un espacio único en el ámbito de los contratos públicos. De esta manera, los agentes económicos de todos los Estados miembros podrán estar informados de los contratos de toda la Unión y disponer de la información necesaria para valorar los que pueden interesarles.

Esta obligación debe respetarse tanto en caso de recurso a los procedimientos abiertos o restringidos como en caso de recurso al procedimiento negociado, sujeto a las condiciones ya indicadas.

3. Anuncio de contratos adjudicados

Tras adjudicar un contrato, e independientemente del procedimiento empleado (abierto, restringido, negociado con o sin publicación previa de anuncio), los poderes adjudicadores están obligados a publicar un anuncio con la información básica sobre las condiciones en que se ha adjudicado el contrato. La publicación de este anuncio pretende no sólo garantizar una mayor transparencia de los procedimientos de adjudicación sino también suscitar mayor interés y participación, a escala comunitaria, entre un mayor número de proveedores.

2. Contenido y forma de los anuncios

Los poderes adjudicadores deben presentar los anuncios con arreglo a los modelos que figuran en el anexo IV de la Directiva y deben incluir las informaciones que estos modelos prevén.

Deben figurar las informaciones solicitadas en aquellos apartados del anuncio que son de carácter obligatorio.

Si los apartados no tienen carácter obligatorio o se refieren a informaciones que no son pertinentes al contrato en cuestión, el poder adjudicador debe señalarlo, por ejemplo indicando "no corresponde".

En cuanto a los anuncios de adjudicación de un contrato, es preciso comentar algunos apartados.

En el apartado sobre la información y formalidades necesarias para evaluar las capacidades mínimas de carácter económico y técnico exigidas al proveedor, no podrán exigirse más condiciones que las previstas en los artículos 22 y 23 de la Directiva.

En el apartado sobre los criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato, los poderes adjudicadores están obligados a indicar una de estas posibilidades:

• "el precio más bajo",
• "la oferta económicamente más ventajosa", o
• "criterio de adjudicación mencionado en la invitación a licitar", cuando se recurra al procedimiento restringido y se indique el criterio de adjudicación del contrato en la invitación a licitar.

Cuando el poder adjudicador mencione "la oferta económicamente más ventajosa", deberá precisar los elementos que componen este criterio, bien en el apartado correspondiente, o bien en el pliego de condiciones. Si desea mencionarlas en el pliego de condiciones, deberá hacer constar en este apartado la siguiente mención: "criterios de adjudicación recogidos en el pliego de condiciones".

Los anuncios de contratos que se refieran a contratos abiertos o contratos marco deberán, en la medida de lo posible, precisar claramente la naturaleza de los suministros así como las cantidades previstas.

En cuanto a los anuncios sobre contratos adjudicados, la Directiva admite excepciones. La publicación del anuncio es obligatoria, pero, en determinados casos, pueden no publicarse algunas informaciones sobre contratos si su divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de leyes, fuera contraria al interés público o pudiera perjudicar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas, o dificultar la competencia leal entre proveedores.

Los anuncios deben contener informaciones claras y completas y, al mismo tiempo, deben redactarse concisamente. La Directiva prescribe que su extensión no superará una página del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, es decir, unas 650 palabras.

1. Modelos de anuncio

A continuación figuran los modelos de anuncio previstos en la Directiva.

1. Anuncio informativo previo

 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, télex y fax del poder adjudicador y, en caso de que sean distintos, del servicio al que pueden solicitarse informaciones complementarias.

2. Naturaleza y cantidad o importe de los productos solicitados. Número de referencia de la CPA.

3. Fecha provisional del inicio de los procedimientos de adjudicación del contrato o de los contratos (si se conoce).

4. Otras informaciones.

5. Fecha de envío del anuncio.

6. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

 

3. Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento abierto

 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, télex y fax del poder adjudicador.

2. a) Procedimiento escogido.

b) Forma del contrato objeto de licitación.

3. a) Lugar de entrega.

b) Naturaleza y cantidad de los productos. Número de referencia de la CPA.

c) Posibilidad de que los proveedores puedan licitar por una parte de los suministros.

4. En su caso, plazo de entrega.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse el pliego de condiciones y los documentos complementarios.

b) Fecha límite de recepción de la solicitud.

c) En su caso, importe que debe abonarse para obtener los documentos y forma de pago.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas.

b) Dirección a la que deben remitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

7. a) Personas que pueden asistir a la apertura de las ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura.

8. En su caso, fianzas y garantías exigidas.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago, o referencia a los textos que las regulan.

10. En su caso, forma jurídica que debe adoptar la agrupación de proveedores adjudicataria del contrato.

11. Datos referentes a la situación personal del proveedor y datos e informaciones para evaluar las condiciones mínimas de carácter económico y técnico que se exigen al proveedor.

12. Plazo durante el cual el proveedor está obligado a mantener su oferta.

13. Criterios que se emplearán en la adjudicación del contrato. Cuando no figuren en el pliego de condiciones, se mencionarán los criterios distintos al precio más bajo.

14. En su caso, prohibición de variantes.

15. Otras informaciones.

16. Fecha de publicación del anuncio de información previa en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, o mención de que no ha sido publicado.

17. Fecha de envío del anuncio.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

 

Procedimiento restringido

 

 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, télex y fax del poder adjudicador.

2. a) Procedimiento escogido.

b) En su caso, justificación del empleo del procedimiento acelerado.

c) Forma del contrato objeto de licitación.

3. a) Lugar de entrega.

b) Naturaleza y cantidad de los productos. Número de referencia en la CPA.

c) Posibilidad de que los proveedores puedan licitar por una parte de los suministros.

4. En su caso, plazo de entrega.

5. En su caso, forma jurídica que debe adoptar la agrupación de proveedores adjudicataria del contrato.

6. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.

b) Dirección a la que deben remitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

7. Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar.

8. En su caso, fianza y garantías solicitadas.

9. Datos referentes a la situación personal del proveedor y datos e informaciones para evaluar las condiciones mínimas de carácter económico y técnico exigidas.

10. Criterios que se emplearán en la adjudicación del contrato, cuando no figuren en la invitación a licitar.

11. Número previsto o número máximo y mínimo de proveedores a los que se invitará a licitar.

12. En su caso, prohibición de variantes.

13. Otras informaciones.

14. Fecha de publicación del anuncio de información previa en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, o mención de que no ha sido publicado.

15. Fecha de envío del anuncio.

16. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

 

 

 

Procedimiento negociado

 

 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, télex y fax del poder adjudicador.

2. a) Procedimiento escogido.

b) En su caso, justificación del empleo del procedimiento acelerado.

c) En su caso, forma del contrato objeto de licitación.

3. a) Lugar de entrega.

b) Naturaleza y cantidad de los productos.Número de referencia en la CPA.

c) Posibilidad de que los proveedores puedan licitar por una parte de los suministros.

4. En su caso, plazo de entrega.

5. En su caso, forma jurídica que debe adoptar la agrupación de proveedores adjudicataria del contrato.

6. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.

b) Dirección a la que deben remitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

7. En su caso, garantías y fianzas exigidas.

8. Datos referentes a la situación personal del proveedor y datos e informaciones para evaluar las condiciones mínimas de carácter económico y técnico exigidas.

9. Número previsto o número máximo y mínimo de proveedores a los que se invitará a licitar.

10. En su caso, prohibición de variantes.

11. En su caso, nombre y dirección de los proveedores seleccionados por el poder adjudicador.

12. Fecha de anteriores publicaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

13. Otras informaciones.

14. Fecha de envío del anuncio.

15. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

 

4. Anuncio de contratos adjudicados

 

 

1. Nombre y dirección del poder adjudicador.

2. Procedimiento de adjudicación elegido. En caso de procedimiento negociado sin publicación previa de anuncio, justificación (Apartado 3 del artículo 6).

3. Fecha de adjudicación del contrato.

4. Criterios de adjudicación del contrato.

5. Número de ofertas recibidas.

6. Nombre y dirección del proveedor o de los proveedores.

7. Naturaleza y cantidad de productos suministrados, en su caso, por proveedor. Número de referencia de la CPA.

8. Precio, o precio mínimo y máximo, pagado.

9. En su caso, importe y porcentaje del contrato que pueden ser subcontratados a terceros.

10. Otras informaciones.

11. Fecha de publicación del anuncio de contrato en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

12. Fecha de envío del presente anuncio.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

 

2. Fijación de los plazos

Es importante señalar que los plazos (mínimo y máximo) señalados en los anuncios deben fijarse de forma que los agentes económicos de todos los Estados miembros puedan determinar su vencimiento en las mismas condiciones.

Por tanto, es inaceptable que los poderes adjudicadores fijen los plazos con referencias que conlleven mayores dificultades para los proveedores de otros Estados miembros que para los proveedores del país adjudicador, como, por ejemplo, la fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial nacional o regional.

3. Publicidad a escala nacional

Para garantizar que a escala nacional y a escala comunitaria se dispondrá de la misma información, la Directiva prescribe que la publicación de los anuncios en los Diarios Oficiales o en la prensa del país del poder adjudicador de que se trate no debe contener más información que los anuncios publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. La publicación nacional tampoco puede efectuarse antes de la fecha de envío del anuncio para su publicación a escala comunitaria y debe mencionar dicha fecha de envío.

4. Publicación de los anuncios

La publicación de los anuncios es efectuada por la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

Como norma general, los poderes adjudicadores deben remitir sus anuncios en el plazo más breve posible y por la vía más adecuada, lo cual implica que, en la medida de lo posible, deberán recurrir a los medios de comunicación modernos que posibiliten la publicación de los anuncios con la antelación suficiente para el logro de su finalidad.

• En particular, la Directiva impone la obligación de: el anuncio de información previa lo más rápidamente posible tras el inicio de cada ejercicio presupuestario,
• en los procedimientos restringidos o negociados acelerados, remitir el anuncio por télex, telegrama o telecopiadora,

remitir el anuncio de los resultados dentro de los 48 días siguientes a la adjudicación del contrato

• remitir,
• poder probar la fecha de envío de los distintos anuncios a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

La dirección a la que deben remitirse es la siguiente:

En un plazo de doce días -cinco días en los procedimientos acelerados la Oficina de Publicaciones publica los anuncios en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en la base de datos TED (Tenders Electronic Daily). Los anuncios se publican "in extenso" en la lengua original y resumidamente en otras lenguas de la Comunidad.

La Oficina de Publicaciones se encarga de los resúmenes y traducciones necesarios.

Los gastos de publicación en el Suplemento del Diario Oficial de las Comunidades Europeas corren a cargo de las mismas.

1. Plazos mínimos y máximos

Para garantizar que todos los proveedores potenciales de la Comunidad dispondrán del tiempo suficiente para manifestar su interés por participar en los contratos, la Directiva fija unos plazos mínimos obligatorios para las distintas fases de los procedimientos. Ello supone que los poderes adjudicadores no pueden fijar plazos inferiores a los que establece la Directiva, aunque queda entendido que pueden establecer plazos más largos, y en algunos casos incluso están obligados a hacerlo. Por otra parte, la Directiva también impone plazos máximos para el envío de los documentos inherentes al contrato y para comunicar las informaciones complementarias.

1. Procedimiento abierto

a) Plazo mínimo de recepción de las ofertas: 52 días a partir de la fecha de envío del anuncio para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Este plazo puede prolongarse adecuadamente cuando:

debido a la importancia de su volumen, el pliego de condiciones y los documentos o informaciones complementarias no puedan proporcionarse en el plazo prescrito por la Directiva, o

cuando las ofertas sólo puedan realizarse tras visitar el lugar o tras consultar, in situ, los documentos anexos al pliego de condiciones.

b) Plazo máximo para envío del pliego de condiciones y los documentos complementarios (siempre que hayan sido solicitados a su debido tiempo): seis días a partir de la recepción de la solicitud.

c) Plazo máximo para comunicar informaciones complementarias sobre el pliego de condiciones (siempre que hayan sido solicitadas a su debido tiempo): seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.

2. Procedimiento restringido

a) Plazo mínimo de recepción de las solicitudes de participación : 37 días (15 días en el procedimiento acelerado) a partir de la fecha de envío del anuncio para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

b) Plazo máximo para comunicar las informaciones complementarias al pliego de condiciones (siempre que hayan sido solicitadas a su debido tiempo): seis días (procedimiento acelerado: cuatro días) antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.

c) Plazo mínimo de recepción de ofertas: 40 días (procedimiento acelerado: 10 días) a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.

Este plazo puede prolongarse cuando las ofertas sólo puedan realizarse tras visitar el lugar o tras consultar, in situ, los documentos anexos al pliego de condiciones.

3. Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio

Plazo de recepción de las solicitudes de participación: 37 días (15 días en el procedimiento acelerado) a partir de la fecha de envío del anuncio para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

4. Cuadros recapitulativos

Procedimiento abierto

 

El pliego de condiciones y los documentos complementarios deberán presentarse en los seis días siguientes a la recepción de la solicitud

 

La eventual información adicional sobre el pliego de condiciones deberá presentarse, a más tardar, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas

Plazo mínimo de recepción de ofertas a contar desde la fecha de envío del anuncio de contrato al DOCE: ___________________________________________ 52 días

 

Procedimiento restringido y procedimiento negociado con publicación previa de un anuncio de contrato

 

Plazo mínimo de recepción de solicitudes de participación a partir del envío del anuncio de contrato al DOCE: ___________________________________________ 37 días 15 días (procedimiento acelerado)

 

La invitación a presentar una oferta deberá enviarse simultáneamente a todos los candidatos seleccionados e ir acompañada de un pliego de condiciones y de los documentos complementarios

La eventual información adicional sobre el pliego de condiciones deberá comunicarse, a más tardar, seis días (cuatro días en el procedimiento acelerado) antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas

 

Únicamente en caso de procedimiento restringido. Plazo mínimo de recepción de ofertas a partir de la fecha de envío de la invitación a licitar: ___________________________________________ 40 días 10 días (procedimiento acelerado)

3. Método para calcular los plazos

El cálculo de los plazos previstos en la Directiva debe efectuarse de conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) nº 1182/71 del Consejo de 3 de junio de 1971 por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos.

Es oportuno recordar que, con arreglo a dicho Reglamento, los plazos expresados en días a partir de un determinado hecho:

a) deben contarse a partir del día siguiente a aquel en el que se produce el citado hecho,

b) empiezan a correr en la primera hora del primer día, tal como se define en el apartado a), y finalizan transcurrida la última hora del último día del plazo,

c) finalizan al expirar la última hora del día hábil siguiente cuando el último día es un día festivo, un domingo o un sábado y los plazos no se expresan en horas.

Si los plazos se expresan en horas, como sucede con frecuencia con actos que deben cumplimentar los proveedores, los plazos finalizan en la fecha y hora previstas.

Los plazos incluyen los días festivos, los domingos y los sábados, salvo si éstos se excluyen expresamente o si los plazos se expresan en días hábiles. Por días festivos se entienden todos los días previstos como tales en el Estado miembro en que deba cumplimentarse un determinado acto.

Para informaciones suplementarias puede consultarse el texto del citado Reglamento.

4. Solicitudes de participación

En los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados con publicación previa de anuncio, las solicitudes de participación en la contratación pueden realizarse por carta, telegrama, télex, fax o teléfono. No obstante, cuando se utilice alguno de los cuatro últimos métodos, los candidatos deben confirmarla mediante carta remitida antes de que expire el plazo fijado para la recepción de las solicitudes de participación.

En los procedimientos acelerados, la Directiva precisa que las solicitudes deben enviarse por la vía más rápida posible. Si se efectúan por telegrama, télex, fax o teléfono, sigue siendo obligatoria la confirmación por carta dentro del plazo citado.

5. Invitación a presentar ofertas

Tanto en los procedimientos restringidos como en los procedimientos negociados con publicación de anuncio, las invitaciones a presentar ofertas deben formularse por escrito y dirigirse simultáneamente a todos los candidatos.

La carta de invitación irá acompañada del pliego de condiciones y de los documentos complementarios e incluir, como mínimo, la siguiente información:

c) una referencia al anuncio publicado,

e) los criterios de adjudicación del contrato si no figuraban en el anuncio de contrato.

En el procedimiento acelerado, la Directiva obliga a los poderes adjudicadores a remitir las invitaciones a licitar utilizando la vía más rápida posible.

1. NORMAS COMUNES EN EL ÁMBITO TÉCNICO

Los poderes adjudicadores deben indicar en los documentos generales o en los documentos propios de cada contrato las especificaciones técnicas a las que deben responder los productos solicitados.

A los efectos de la Directiva se entiende por:

1. "Especificaciones técnicas", el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en el pliego de condiciones en las que se definen las características que debe reunir un material, producto o suministro, que permitan caracterizar de forma objetiva un material, producto o suministro de manera que responden a la utilización a que los destine el poder adjudicador. Estas características incluyen los niveles de calidad o de propiedades de empleo, la seguridad, las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al material, producto o suministro en lo relativo al sistema de garantía de calidad, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, el marcado y el etiquetado.

2. "Normas", las especificaciones técnicas aprobadas por un organismo de normalización reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea, en principio, obligatorio.

3. "Norma europea", la norma aprobada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) o por el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) como Norma Europea (EN) o Documento de Armonización (HD), de conformidad con las reglas comunes a ambos organismos.

4. "Documento de idoneidad técnica europea", la evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto para el uso asignado, basada en el cumplimiento de los requisitos básicos para la construcción, de acuerdo con las características intrínsecas del producto y las condiciones de aplicación y utilización establecidas. El documento de idoeneidad técnica europea será expedido por el organismo autorizado para ello por el Estado miembro.

5. "Especificación técnica común", la especificación técnica elaborada para garantizar la aplicación uniforme en todos los Estados miembros y que deberá haber sido publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

1. Especificaciones técnicas a las que debe hacerse referencia

Las reglas comunes en el ámbito técnico se han adaptado a la nueva política en materia de normalización y certificación. Establecen el margen de maniobra con que cuentan los poderes adjudicadores al definir las especificaciones de los contratos.

De acuerdo con ello, la Directiva establece que "sin perjuicio de las normas técnicas nacionales obligatorias, siempre y cuando sean compatibles con el derecho comunitario, dichas especificaciones técnicas serán definidas por los poderes adjudicadores por referencia a normas nacionales que incorporen normas europeas, documentos de idoneidad técnica europea o a especificaciones técnicas comunes".

En la práctica, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que, salvo en casos excepcionales, los poderes adjudicadores tienen la obligación de definir las especificaciones técnicas de los productos solicitados por referencia a normas nacionales que incorporen normas europeas, a documentos de idoneidad técnica europea o a especificaciones técnicas comunes en los casos en que existan.

Con esta disposición, se pretende utilizar la normalización comunitaria para suprimir las discriminaciones técnicas generadas por un empleo abusivo de normas nacionales en los pliegos de condiciones.

2. Excepciones

No obstante, los poderes adjudicadores pueden no aplicar esta norma general en los casos siguientes:

• Cuando las normas, los documentos de idoneidad técnica europeos o las especificaciones técnicas comunes no incluyan disposiciones para establecer la conformidad, o cuando no se disponga de medios técnicos que permitan determinar satisfactoriamente la conformidad de un producto con dichas normas, documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes.
• Cuando la aplicación de la norma general perjudique la aplicación de la Directiva 86/361/CEE del Consejo de 24.7.1986, relativa a la primera etapa del reconocimiento mutuo de la homologación de los equipos terminales de telecomunicaciones de la Decisión 87/85/CEE del Consejo de 22.12.1986, relativa a la normalización en el ámbito de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones o de otros instrumentos comunitarios en determinados sectores de servicios o productos.
• Cuando la aplicación de dichas normas, documentos de idoneidad técnica europeos, o especificaciones técnicas comunes obligue al poder adjudicador a adquirir suministros incompatibles con instalaciones existentes o suponga costes o dificultades técnicas desproporcionadas, pero únicamente cuando ello forme parte de una estrategia, claramente definida y documentada, de adecuación a las normas europeas, a los documentos de idoneidad técnica europeos, o a las especificaciones técnicas comunes en un período de tiempo previamente determinado.

• Cuando el proyecto en cuestión constituya una verdadera innovación, razón por la cual el empleo de las normas, los documentos de idoneidad técnica europeos o las especificaciones técnicas comunes existentes no sea apropiado.

Los poderes adjudicadores que recurren a estas posibilidades de inaplicación de la norma general deben indicar sus motivos en el anuncio de contrato publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas o en el pliego de condiciones, a menos que ello resulte imposible. En cualquier caso tienen la obligación de indicar, sin excepción alguna, los motivos en su documentación interna y comunicarlos a los Estados miembros y a la Comisión si lo solicitan.

1. Ausencia de normas europeas, documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes

En ausencia de normas europeas, documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes, las especificaciones técnicas:

a) Se definirán por referencia a especificaciones técnicas nacionales reconocidas conformes a las exigencias esenciales enumeradas en las directivas comunitarias sobre armonización técnica, con arreglo a los procedimientos previstos en dichas directivas y, en particular, con arreglo a los procedimientos previstos en la Directiva 89/106/CEE.

b) Podrán definirse por referencia a especificaciones técnicas nacionales para concepción, cálculo y realización de obras y para utilización de productos.

c) Podrán definirse por referencia a otros documentos. En este caso, la Directiva recomienda definir las especificaciones técnicas de los contratos remitiéndose, por orden de preferencia:

i) a normas nacionales que traspongan normas internacionales aceptadas por el país del poder adjudicador,

ii) a otras normas nacionales y documentos de idoneidad técnica nacionales del país del poder adjudicador,

iii) a cualquier otra norma.

2. Prohibición de especificaciones discriminatorias

Como norma general, se prohibe cualquier especificación técnica que mencione productos de fabricación o procedencia específica o procedimientos particulares que tengan como efecto favorecer o eliminar determinadas empresas o determinados productos. Entre las especificaciones que tienen tal efecto discriminatorio y que, por tanto, están prohibidas , la Directiva cita principalmente la indicación de marcas, patentes o tipos, o la indicación de un origen o producción determinados.

Se admite una excepción a esta prohibición general cuando no sea posible describir de otro modo el objeto de contrato, de forma suficientemente precisa y perfectamente inteligible para todos los interesados. No obstante, el empleo de una excepción de este tipo no debe tener efectos discriminatorios. En este sentido, la Directiva exige que dichas indicaciones se acompañen de la mención "o equivalente" .Además, siempre que el poder adjudicador haga uso de una excepción, debe poder probar las razones que la justifican.

A este respecto, cabe recordar la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25.1.1995 en un asunto relativo a un contrato público de suministro y mantenimiento de una estación meteorológica. En el pliego de condiciones de dicho contrato se establecía una especificación técnica correspondiente a un sistema informático específico, sin mencionar que el proveedor podía utilizar un sistema equivalente.

En su sentencia, el Tribunal señaló que el hecho de no añadir la mención "o equivalente" tras la descripción del sistema informático específico no sólo podía disuadir a los operadores económicos que utilizan sistemas informáticos diferentes de presentar sus ofertas, sino también "obstaculizar las importaciones en el comercio intracomunitario, en contra del artículo 30 del Tratado, al reservar el contrato exclusivamente a los proveedores que se propongan utilizar el sistema específicamente indicado".

Así pues, el Tribunal censuró el hecho de que no se hubiera añadido la mención "o equivalente", por juzgarlo contrario tanto a las disposiciones de la Directiva como a prohibiciones establecidas por el Tratado.

1. Principio de equivalencia y reconocimiento mutuo y nuevo enfoque en materia de armonización técnica y de normalización.

En ningún caso podrán interpretarse ni aplicarse las disposiciones descritas de forma que limiten las obligaciones que impone el artículo 30 del Tratado CEE, puesto que lo que busca la Directiva es precisamente completar, en el ámbito de los contratos públicos, la liberalización que en dicho artículo se propugna.

Cuando la armonización comunitaria fije los requisitos esenciales a que deban responder los productos, los poderes adjudicadores reconocerán a los productos fabricados conformemente a las normas elaboradas por los organismos competentes en materia de normalización la presunción de conformidad con los requisitos esenciales fijados por la correspondiente directiva. Por otra parte, no podrán rechazar los productos aduciendo como único motivo que no han sido elaborados de conformidad con dichas normas si se presenta una prueba de que los productos son conformes con los requisitos esenciales fijados por la armonización legislativa comunitaria.

En ausencia de normas o reglas técnicas comunitarias, los poderes adjudicadores no podrán rechazar las ofertas que prevean la utilización de productos de otros Estados miembros por el único motivo de que corresponden a reglas o normas técnicas distintas, sin verificar previamente si dichos productos respetan los requisitos del contrato.

Con arreglo al principio de reconocimiento mutuo, deberán considerarse en un plano de igualdad los productos de los demás Estados miembros fabricados con arreglo a reglas o normas técnicas que garanticen rendimientos y protección de intereses legítimos equivalentes a los garantizados por productos fabricados de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en los documentos contractuales.

Esta prueba podrá consistir en el respeto de los procedimientos de evaluación de conformidad que se relacionan en la Decisión del Consejo de 13 de diciembre de 1990 sobre los módulos relativos a las distintas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad, destinados a su utilización en las directivas de armonización técnica (90/683/CEE). En efecto, en ausencia de referencias técnicas comunes, estos procedimientos de evaluación de la conformidad, basados esencialmente en los instrumentos de la calidad (pruebas, certificación de productos, garantía de calidad), garantizan que los productos que se suministran son compatibles con los resultados que busca el poder adjudicador.

Además, para garantizar una aplicación coherente y armónica de los procedimientos de evaluación de la conformidad, se recomienda recurrir a organismos competentes cuyo funcionamiento se base en criterios similares. El respeto de las normas de las series EN 45000 y EN 29000 por dichos organismos constituye una presunción de competencia que, por ejemplo, puede ser válida para la acreditación.

El Organismo Europeo de Prueba y Certificación (EOTC) tiene como misión favorecer la creación de una organización europea que agrupe dichos organismos, lo cual también facilitará la selección por parte de los poderes adjudicadores.

2. PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Para lograr una auténtica competencia comunitaria y, con ello, una liberalización efectiva de los intercambios comerciales intracomunitarios en el ámbito de los contratos públicos de suministro, es preciso evitar que la selección de de los candidatos y la valoración de sus ofertas se efectúe con arreglo a criterios fijados arbitrariamente por los poderes adjudicadores.

A este respecto, la Directiva recoge en su título IV las normas comunes de participación, con disposiciones sobre la admisión en el procedimiento de adjudicación de contratos y sobre los criterios de la selección de proveedores y de la adjudicación de contratos.

1. Normas comunes de participación

1. Comprobación de la aptitud de los proveedores y adjudicación del contrato

La Directiva establece que la adjudicación del contrato debe basarse en los criterios previstos en el capítulo 3 del título IV ("Criterios de adjudicación del contrato"), tras comprobar la aptitud de los proveedores no excluidos en virtud del artículo 20 (honorabilidad del proveedor). A continuación precisa que los poderes adjudicadores han de efectuar esta comprobación con arreglo a los criterios de capacidad económica, financiera y técnica citados en los artículos 22, 23 y 24.

La comprobación de la aptitud de los proveedores debe efectuarse tanto en el procedimiento restringido y negociado como en el procedimiento abierto.

No obstante, debe indicarse que el hecho de que esta comprobación tenga un resultado favorable no tiene los mismos efectos en los tres procedimientos.

En el procedimiento abierto, la satisfacción de los criterios de selección previamente fijados confiere automáticamente a los licitadores el derecho a participar en el procedimiento de adjudicación. Así pues, el poder adjudicador está obligado a examinar todas las ofertas que formulen estos licitadores.

En los procedimientos restringido y negociado, por el contrario, los candidatos que satisfacen los criterios de selección previamente fijados pueden quedar excluidos del procedimiento, ya que los poderes adjudicadores pueden limitar, respetando las condiciones que se detallan en el apartado 6.1.2, el número de candidatos que invitarán a presentar ofertas o a negociar, es decir, efectuar una selección.

En el sistema de de la Directiva, la comprobación de la aptitud de los proveedores y la adjudicación del contrato constituyen dos operaciones del proceso de contratación. El Tribunal, en su interpretación de una disposición análoga de la Directiva 71/305/CEE, consideró que la separación cronológica de las dos fases, indicada en la Directiva, no tenía un carácter rígido y formal, pero, al mismo tiempo, dejó clara la separación neta que debe existir entre ambas en lo que respecta a los instrumentos que deben emplearse. Así, afirmó que si bien la Directiva no excluye que la comprobación de la aptitud de los suministradores y la adjudicación del contrato puedan ser simultáneas, las dos operaciones se rigen por normas distintas.

De ahí que, al valorarse las ofertas, no pueda hacerse referencia a la mayor o menor capacidad financiera de los proponentes ni tampoco reconsiderar a un licitador, previamente excluido por no reunir los criterios de selección previos, debido a que se valora positivamente su oferta.

Por otra parte, la disposición general citada se acompaña de la obligación impuesta a los poderes adjudicadores de respetar el carácter confidencial de todas las informaciones facilitadas por los candidatos o licitadores.

2. Selección y número de candidatos invitados a presentar una oferta

La selección de proveedores que serán invitados a presentar una oferta únicamente puede efectuarse entre los que se presentaron como candidatos para participar en el procedimiento de adjudicación de un contrato y reúnen, además, las cualificaciones exigidas para este contrato. Dichas cualificaciones se basarán únicamente en los criterios de selección cualitativa previstos en los artículos 20 a 24 de la Directiva.

Tal como indica el artículo 19 de la Directiva, "en los procedimientos restringidos o en los procedimientos negociados, los poderes adjudicadores, basándose en datos sobre la posición personal del proveedor, así como en los datos y formalidades necesarias para la evaluación de las condiciones mínimas de carácter económico y técnico que éste debe reunir, seleccionarán a los candidatos a los que invitarán a presentar una oferta o a negociar, entre aquellos que reúnan las cualificaciones exigidas en los artículos 20 a 24".

Nota de interés

Los poderes adjudicadores no están obligados a invitar a todos los candidatos que reúnan las condiciones exigidas por el contrato.

Sin embargo, todos los candidatos a los que se invite deberán cumplir determinadas condiciones y únicamente podrán ser seleccionados por el poder adjudicador con arreglo a estos mismos criterios de selección cualitativa, transparentes y objetivos, previamente fijados.

Así pues, los candidatos invitados por el poder adjudicador a presentar ofertas o a negociar serán aquellos que presenten las mejores cualificaciones con arreglo a los criterios de selección indicados en el anuncio de contrato.

Además, si los poderes adjudicadores desean hacer uso de la posibilidad de invitar a un número inferior al número de candidatos que reúna los requisistos exigidos en el contrato, tal vez excesivamente elevado, previamente deberán indicar en el anuncio de contrato el número, o el número máximo y mínimo previsto, de proveedores a los que invitarán a presentar ofertas o a negociar. Si no se cumple este requisito de publicidad, no podrá efectuarse ninguna selección entre los candidatos que presenten correctamente su candidatura y que reúnan las cualificaciones exigidas.

En los procedimientos restringidos, el número máximo y mínimo de candidatos dependerá de la naturaleza de las prestaciones. La Directiva establece que el número mínimo no podrá ser inferior a cinco.

Por analogía, hay que concluir que, en caso de que los poderes adjudicadores deseen restringir sus posibilidades de decisión e indicar una cifra concreta en lugar de cifras máximas y mínimas, ésta no será inferior a cinco, tanto más cuanto que no puede aumentarse.

Nota de interés

La Directiva establece que el número de candidatos admitidos a presentar una oferta deberá, en cualquier caso, ser suficiente para que exista una competencia real.

Podría darse el caso de que un poder adjudicador fijara un número mínimo, de conformidad con la Directiva, pero no pudiera respetarlo al presentarse un número insuficiente de candidaturas de proveedores con las cualificaciones exigidas por el contrato. En tal caso, se puede estimar que se garantiza una competencia real si se invita a presentar ofertas a tres candidatos como mínimo, siempre que existan un número suficiente de solicitudes de participación por parte de proveedores cualificados.

En los procedimientos negociados con publicación previa de un anuncio, la Directiva establece que el número mínimo de candidatos invitados a negociar no podrá ser inferior a tres, a condición de que haya un número suficiente de candidatos cualificados.

3. Candidatos de otros Estados miembros

En cualquier caso, cuando se invite a los candidatos a un procedimiento restringido o negociado, la Directiva exige a los poderes adjudicadores -y a los Estados miembros la obligación de comprobarlo - que recurran, sin discriminación, a proveedores de otros Estados miembros que reúnan las cualificaciones exigidas, en las mismas condiciones aplicables a los proveedores nacionales.

A este respecto, podrá presumirse que, en general, en la selección de proveedores no ha existido discriminación por nacionalidad si el poder adjudicador ha mantenido entre candidatos nacionales y candidatos de otros Estados miembros seleccionados la misma proporción que existía entre candidatos nacionales y de otros Estados miembros que reunían las condiciones exigidas. Esta presunción no prejuzga que, en una inspección, puedan analizarse más detalladamente los elementos en que se basó la selección.

4. Agrupaciones de proveedores

Las agrupaciones de proveedores pueden licitar sin que pueda serles exigida una forma jurídica determinada. No obstante, puede obligarse a las agrupaciones seleccionadas a garantizar la adopción de una determinada forma en caso de resultar adjudicataria del contrato, en la medida en que el cambio de forma jurídica resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

5. Ofertas que propongan variantes al pliego de condiciones

Los poderes adjudicadores deben precisar las prescripciones técnicas de los productos que solicitan. Sin embargo, es muy importante, tanto para los agentes económicos como para los usuarios, que puedan ofrecerse productos que, aunque no correspondan a los productos descritos por el poder adjudicador, respondan a sus exigencias.

Por una parte, esta posibilidad fomenta la investigación en nuevas tecnologías, y, por otra, permite a los ususarios aprovechar un abanico más amplio de productos y de avances técnicos.

Así, la Directiva prevé que las ofertas podrán proponer variantes, aunque esta posibilidad queda sujeta a determinadas condiciones.

En primer lugar, se admite esta posibilidad cuando el contrato se adjudica a la oferta más ventajosa y no al precio más bajo, ya que una variante sólo puede valorarse y compararse con ofertas que responden a exigencias distintas teniendo en cuenta varios aspectos, lo cual implica la utilización de varios criterios de evaluación.

La Directiva deja a la discreción del poder adjudicador la decisión de autorizar o prohibir las variantes y de establecer qué tipo de variantes desea tomar en consideración, así como las condiciones en que éstas deben presentarse, por ejemplo, el poder adjudicador podría exigir la presentación de una oferta de base al mismo tiempo que la variante.

No obstante, si el poder adjudicador opta por prohibir las variantes, la Directiva exige que se indique en el anuncio de contrato.

Cuando se admitan variantes, el poder adjudicador no está obligado a mencionarlo en el anuncio de contrato, pero en el pliego de condiciones deberá indicar las condiciones mínimas que deberán respetar las variantes y los procedimientos para su presentación.

Posteriormente, únicamente tomará en consideración las variantes que respondan a los requisitos mínimos indicados en el pliego de condiciones.

Por otra parte, no podrá rechazar la presentación de una variante basándose únicamente en que ésta ha sido elaborada a partir de especificaciones técnicas definidas por referencia a normas nacionales que incorporan normas europeas, documentos de idoneidad técnica europeos, o a especificaciones técnicas comunes, o incluso por referencia a especificaciones técnicas nacionales reconocidas conformes, con arreglo a los procedimientos previstos en las directivas comunitarias sobre armonización técnica, a las exigencias esenciales que estas directivas enumeran o por referencia a especificaciones técnicas nacionales para concepción, cálculo y realización de obras, o aplicación de productos.

Por otra parte, un poder adjudicador que haya admitido variantes no podrá rechazar una oferta que proponga una variante por la única razón de que, en caso de ser aceptada, conduciría a un contrato de suministros. Esta prohibición se refiere a las variantes que prevén, además de la entrega de productos, la prestación de servicios por un valor superior al de los productos (véase punto 1.5).

 

6. Subcontratación

La Directiva no regula la subcontratación en cuanto a tal. No obstante, para garantizar la transparencia de las condiciones de ejecución de los contratos, prevé que, en el pliego de condiciones, el poder adjudicador podrá solicitar al licitador que, en su oferta, indique el porcentaje del contrato que prevé subcontratar a terceros.

2. Selección de proveedores

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la Directiva de obras, cuyos principios y criterios en materia de selección de participantes en el proceso de adjudicación de contratos son análogos a los previstos en la Directiva de suministros, la comprobación de la aptitud de los proveedores sólo puede basarse en los criterios cualitativos que fija la Directiva. Dichos criterios se refieren a la honorabilidad de los proveedores y a su cualificación profesional, a saber: inscripción en el registro profesional, capacidad económica y financiera y capacidad técnica.

Nota de interés

Las disposiciones de la Directiva a este respecto no pretenden delimitar la competencia de las autoridades nacionales para fijar el nivel de las capacidades requeridas en los distintos procedimientos de adjudicación, sino determinar cuáles son las referencias o medios de prueba que pueden proporcionarse para justificarlos. Sin embargo, la competencia nacional en este ámbito no es ilimitada ya que deben respetarse todas las disposiciones de derecho comunitario pertinentes y, puesto que se trata de suministros, principalmente las prohibiciones que impone el artículo 30 del Tratado CEE.

1. Situación personal del proveedor

En primer lugar, el artículo 20 enumera, de forma exhaustiva, aquellas circunstancias relativas a la situación personal de los proveedores que pueden motivar que los poderes adjudicadores excluyan a los candidatos o licitadores, sin más comprobaciones.

Podrá ser excluido cualquier proveedor:

En los casos indicados en las letras d) y g), corresponde al poder adjudicador aportar la prueba de la existencia de tales circunstancias. En los restantes casos, siempre que el poder adjudicador lo solicite en el anuncio, los candidatos o los licitadores deben aportar la prueba de que no se encuentran en una de las situaciones mencionadas.

No obstante, los medios de prueba que los poderes adjudicadores pueden exigir a tal efecto se regulan en el citado artículo de la Directiva. El poder adjudicador que solicita dicha prueba debe aceptar como prueba suficiente:

• en las situaciones señaladas en las letras a), b) y c):

• en las situaciones señaladas en las letras e) y f):

Si el país en cuestión no expide dichos documentos o certificados, o éstos se expiden pero no cubren todas las situaciones descritas en a), b) y c), la prueba puede consistir en una declaración jurada o, en los Estados miembros que no prevean este tipo de juramento, por una declaración solemne que el interesado efectúe ante la autoridad judicial o administrativa competente, un notario u organismo profesional cualificado del país de origen o de procedencia.

1. Inscripción en el registro profesional

Para justificar su capacidad profesional en general, los proveedores pueden ser invitados, con arreglo al artículo 21, a justificar su inscripción en el registro profesional o mercantil o a proporcionar una declaración jurada o un certificado, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en que estén establecidos, a saber:

• Austria: "Firmenbuch", "Geweberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"
• Alemania: "Handelsregister" y "Handweerksrolle"
• Bélgica: "Registre du commerce" - "Handelsregister"
• Dinamarca: " Aktieselskabs-Registret", "Forenings-registret" o "Handelsregistret"
• España: "Registro Mercantil", o, para las personas físicas no inscritas, un certificado que acredite que el interesado ha declarado bajo juramento ejercer la profesión de que se trate
• Francia: "Registre du commerce" y "Répertoire des métiers"
• Finlandia: "Kaupparekisteri" y "Handelregistret
• Grecia: "Â é ï ô å ÷ íé ê ü Þ Â é ï ì ç ÷ áíéêü Þ Å ì ð ï ñ é ê ü Å ð é ì å ë ç ô Þñ é ï ".
• Italia: "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" y "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato"
• Luxemburgo: "Registre aux firmes" y "Rôle de la chambre des métiers"
• Países Bajos: "Handelsregister"
• Portugal: "Registro Nacional das Pessoas Colectivas"
• Reino Unido puede solicitarse al proveedor que presente un certificado del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" que acredite que el negocio del proveedor es una actividad "incorporated" o "registered" o, en caso contrario, una certificación que indique que el interesado ha declarado bajo juramento ejercer la profesión en cuestión en el país en que está establecido, en un lugar específico y bajo una razón social determinada.
• Irlanda (idem)
• Suecia "Aktiebolags-handel-eller föreningsregistren".

1. Capacidad finaciera y económica

Para justificar la capacidad financiera y económica exigida en función de cada contrato, el artículo 22 prevé que, en general, podrá recurrirse a una o varias de las siguientes referencias:

a) las declaraciones bancarias apropiadas,

b) la presentación de balances o extractos de balances de la empresa, en caso de que la legislación del país de establecimiento del proveedor prescriba la publicación de balances,

c) una declaración sobre la facturación total y la facturación en el suministro objeto del contrato efectuadas por el proveedor en los tres últimos ejercicios.

No se trata de una enumeración limitativa sino que, según el contrato, el poder adjudicador puede exigir otras referencias. No obstante, deben ser "probatorias", es decir, ser objetivamente necesarias para probar que la capacidad económica y financiera de los proveedores es adecuada en relación al objeto del contrato y no ser discriminatorias.

Todas las referencias exigidas deben constar en el anuncio, en el caso de los procedimientos abiertos, y en el anuncio o en la invitación a licitar, en el caso de los procedimientos restringidos o negociados.

Si, por un motivo justificado, el proveedor no puede presentar las referencias solicitadas, el poder adjudicador debe permitirle probar su capacidad económica y financiera mediante cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

2. Capacidad técnica

En el artículo 23 figura una lista exhaustiva de los medios de prueba que los poderes adjudicadores pueden exigir a los proveedores para justificar la capacidad técnica .

Según la naturaleza, la cantidad y la utilización de los productos solicitados, tal capacidad puede justificarse de una o varias de las siguientes maneras:

• en los suministros a poderes adjudicadores públicos, las entregas se acreditan mediante los certificados expedidos o visados por la autoridad competente,
• en los suministros a particulares, las entregas deben ser certificadas por el comprador y, en su defecto, se admite una declaración del proveedor.

Las referencias exigidas para probar la capacidad técnica figurarán imperativamente en el anuncio de contrato en el procedimiento abierto y en el anuncio de contrato o en la invitación a licitar en los procedimientos restringido o negociado.

Por otra parte, con arreglo al artículo 23, las informaciones exigidas por los poderes adjudicadores "no pueden sobrepasar el objeto del contrato". En otros términos, deben ser estrictamente necesarias para valorar si la capacidad técnica de los proveedores se ajusta a los suministros solicitados. Por otra parte, los poderes adjudicadores deben tomar en consideración los intereses justificados de los proveedores en lo que se refiere a la protección de los secretos técnicos o mercantiles de sus empresas.

1. Informaciones complementarias

Para garantizar la transparencia en la selección, queda prohibida la imposición posterior de exigencias cualitativas suplementarias.

Posteriormente, los poderes adjudicadores pueden únicamente, y con los límites que fijan los criterios de selección citados, invitar a los proveedores a completar los certificados y documentos presentados o a que los haga más explícitos.

Conviene señalar que se trata de una posibilidad de que gozan los poderes adjudicadores, cuya utilización se deja a su discreción. No obstante, un poder adjudicador no puede, para un mismo contrato, utilizar dicho poder de forma discriminatoria. Dicha disposición no constituye, sin embargo, un derecho que pueda alegar un proveedor que no ha probado correctamente que cumplía las exigencias del contrato, para exigir que se le invite a completar la información.

2. Listas oficiales de proveedores clasificados

Algunos Estados miembros elaboran listas oficiales de proveedores clasificados. En la práctica, la existencia de estas listas puede ser fuente de discriminación con respecto a proveedores extranjeros, a los que les resulta más difícil conocer la existencia de dichas listas y los procedimientos que deben seguirse para figurar en las mismas.

Por esta razón, el legislador comunitario ha incluido en la Directiva 93/36/CEE una disposición que, si bien reconoce el interés de las listas abiertas de proveedores clasificados, fija los límites y condiciones del recurso a las mismas por parte de los Estados miembros.

Dichas listas deberán adaptarse a los criterios de selección cualitativa fijados por las letras a) a d) y g) del artículo 20, y los artículos 21, 22 y 23, anteriormente expuestos.

Los proveedores inscritos en dichas listas en el Estado miembro en el que estén establecidos podrán, con motivo de cada contrato, utilizar dicha inscripción como medio de prueba alternativo del cumplimiento de los criterios cualitativos señalados en los artículos 20 a 23, con los límites que a continuación se indican.

El proveedor que decida utilizar este medio de prueba alternativo deberá presentar al poder adjudicador un certificado de inscripción otorgado por la autoridad competente, en el que se mencionen las referencias que permitieron su inscripción en la lista, así como la clasificación que comporta la misma.

En lo que se refiere a la fuerza probatoria de un certificado de este tipo, el artículo 29 de la Directiva establece que "la inscripción en las listas oficiales certificadas por los organismos competentes constituirá una presunción de aptitud ante los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros, únicamente con respecto a las letras a) a d) y g) del apartado 1 del artículo 20, del artículo 21, de las letras b y c del apartado 1 del artículo 22 y de la letra a) del apartado 1 del artículo 23.

No podrán cuestionarse las informaciones que puedan deducirse de la inscripción en listas oficiales. No obstante, podrá exigirse a cualquier proveedor inscrito una certificación suplementaria en lo que se refiere al pago de las cotizaciones de la seguridad social, con ocasión de cada contrato.

Al margen de las pruebas que aporten estos elementos objetivos, el proveedor podrá, para las referencias en que exista presunción de aptitud, ser invitado por el poder adjudicador a completar estas informaciones para evaluar la aptitud requerida para el contrato de que se trate.

Para las referencias en que no exista presunción de aptitud, el proveedor deberá remitir la documentación exigida por el poder adjudicador, respetando la Directiva.

Parece oportuno señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las listas de empresarios clasificados reglamentadas por disposiciones análogas a la Directiva de contratos públicos de obras, la fuerza probatoria de un certificado de inscripción en una lista oficial de proveedores clasificados en un Estado miembro, ante los poderes adjudicadores de otros Estados miembros, se limita a los elementos objetivos que avalaron la inscripción y no alcanza a la clasificación resultante. Los poderes adjudicadores, si bien no pueden cuestionar las informaciones que se deduzcan de tales inscripciones, son competentes para fijar el nivel de capacidad económica y financiera y de capacidad técnica exigido para participar en un determinado contrato.

Además, dentro de los límites que se señalan a continuación, un proveedor inscrito en su país en una lista de proveedores clasificados tiene derecho a prevalerse de dicha inscripción como medio de prueba alternativo ante los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros. Por el contrario, el poder adjudicador no podrá exigir en ningún caso, para la admisión en un procedimiento de adjudicación, o para la concesión de una referencia, que los proveedores establecidos en los demás Estados miembros estén inscritos en una lista oficial de su país. Dicha exigencia constituiría una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, prohibida por el artículo 30 del Tratado.

Por otro lado, los Estados miembros que poseen listas oficiales de proveedores clasificados están obligados a abrirlas a los proveedores de los demás Estados miembros y, para inscribirse en las mismas, no podrán exigirles más pruebas y declaraciones que las solicitudes a los proveedores nacionales y, en cualquier caso, que las previstas en los artículos 20 a 23 de la Directiva.

1. Criterios de adjudicación de los contratos

Los criterios en que deben basarse los poderes adjudicadores al adjudicar sus contratos son, bien el precio más bajo, o bien la oferta económicamente más ventajosa.

El criterio del precio más bajo no plantea problemas de interpretación ya que únicamente deben tenerse en cuenta los precios solicitados por los licitadores y el contrato debe adjudicarse al licitador que solicita el precio más bajo.

Al contrario, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa requiere precisiones suplementarias. El problema planteado es determinar los componentes que definen dicha oferta. A este respecto, la Directiva indica que los poderes adjudicadores pueden basarse en distintos criterios variables según el contrato de que se trate, tales como el precio, el plazo de entrega, el coste de utilización, la rentabilidad, la calidad, las características estéticas y funcionales, el valor técnico, el servicio postventa y la asistencia técnica.

No se trata de una relación limitativa, pero los ejemplos citados permiten establecer que los componentes de la oferta económicamente más ventajosa deben ser necesariamente criterios objetivos, aplicables por igual a todas las ofertas y estrictamente vinculados al objeto del contrato. Su variedad tiene por objeto facilitar la adecuación a las exigencias inherentes a los suministros solicitados y al empleo que el poder adjudicador desee dar a dichos suministros.

Cuando los poderes adjudicadores no utilicen como único criterio de adjudicación del contrato el precio más bajo, sino que se basen en diversos criterios con objeto de adjudicarlo a la oferta económicamente más ventajosa, deben enumerar dichos criterios en el anuncio de contrato o en el pliego de condiciones.

Los criterios que no se hayan mencionado no podrán utilizarse para seleccionar la oferta. Conviene precisar que esta obligación de publicidad no se satisface -tal como ha sido precisado por el Tribunal de Justicia respecto a la misma disposición contenida en la Directiva de contratos públicos de obrascon un reenvío general a una disposición de la legislación nacional.

La Directiva precisa además que, en la medida de lo posible, los criterios se citarán -en orden decreciente- según la importancia que les otorgue el poder adjudicador. En efecto, es importante que los participantes en la contratación estén informados de la base sobre la que se evaluarán sus ofertas.

Es conveniente destacar que la nueva Directiva de suministros no prevé la posibilidad que existía en la anterior legislación comunitaria de basarse en criterios de adjudicación distintos a los señalados y recogidos en determinadas legislaciones nacionales que se proponían favorecer a determinadas categorías de licitadores.

Esta posibilidad no debe confundirse con los regímenes de preferencias regionales, cuya aplicación quedó limitada al 31 de diciembre de 1992.

Consecuentemente, el precio más bajo y la oferta económicamente más ventajosa son los únicos criterios en que pueden basarse los poderes adjudicadores al adjudicar sus contratos de suministros.

1. Ofertas anormalmente bajas

Cuando las ofertas presenten de forma manifiesta un carácter anormalmente bajo en relación con la prestación, el poder adjudicador, antes de poder rechazarlas, está obligado a solicitar a los licitadores que aporten las precisiones que consideren oportunas sobre la composición de las ofertas y a comprobar tal composición a la luz de las justificaciones proporcionadas.

La Directiva precisa el tipo de justificación que el poder adjudicador podrá tomar en consideración, a saber, las referidas a la economía del procedimiento de fabricación, a las soluciones técnicas adoptadas, o las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para suministrar los productos, o a la originalidad del proyecto del proveedor.

La finalidad de este procedimiento detallado de comprobación de las ofertas contrastándolas con los proveedores afectados, es proteger a dichos proveedores de las valoraciones arbitrarias que pudiera realizar el poder adjudicador, garantizándoles que, independientemente del umbral a partir del cual se inicia el procedimiento, disponen de la posibilidad de probar la seriedad de su oferta antes de que sea desestimada.

Consecuentemente, si bien se reconoce explícitamente al poder adjudicador el derecho a decidir que las justificaciones del proveedor no son aceptables, en ningún caso se le autoriza a prejuzgarlo de esta forma y a rechazar la oferta sin siquiera pedir una justificación al proponente. En efecto, el objetivo citado no podría lograrse si se dejara al poder adjudicador la valoración de la oportunidad de solicitar una justificación.

Por otra parte, cuando el criterio de adjudicación es el precio más bajo, la Directiva obliga al poder adjudicador a comunicar a la Comisión el rechazo de las ofertas que considere demasiado bajas.

En este caso, la exclusión afecta a ofertas que, de haberse formado correctamente el precio, satisfarían el criterio indicado para obtener el contrato. De ahí la importancia de que exista la mayor transparencia y la Comisión pueda verificar si el precio era efectivamente bajo y, por tanto, inaceptable.

2. CONCESIÓN DE DERECHOS ESPECIALES O EXCLUSIVOS DE EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD DE SERVICIO PÚBLICO

En la Directiva de suministros, la concesión de un derecho exclusivo o especial para prestar un servicio público no queda sujeto a ninguna norma de procedimiento, ya que éstas sólo se refieren a "contratos públicos de suministro".

No obstante, la Directiva establece que cuando un poder adjudicador concede a una entidad, que no sea ella misma un poder adjudicador e independientemente de su estatuto jurídico, derechos especiales o exclusivos de ejercicio de una actividad de servicio público, el acto de concesión de dicho derecho obligará a dicha entidad a respetar, en los contratos públicos de suministros que celebre con terceros en el marco de esta actividad, el principio de no discriminación por razón de nacionalidad.

Con arreglo a dicha disposición, los contratos de suministros adjudicados por una entidad que goce de los citados derechos especiales o exclusivos se definen como contratos públicos, ya que se celebran en relación con la prestación de un servicio público. En realidad, los suministros no se ponen a disposición del poder adjudicador, sino que serán utilizados por dicha entidad misma en la gestión y prestación del servicio público. Además, debe señalarse que dicha entidad -dentro de los límites y bajo los eventuales controles que existan para la concesión del derecho exclusivo o especial - desempeña su actividad de forma autónoma respecto al poder adjudicador y es directamente responsable ante los destinatarios del servicio que presta.

IV. EN GRECIA

VI. EN FRANCIA

VIII. EN ITALIA

XIII. EN AUSTRIA

13. Bundesministerium fuer Post- und Telekommunikation (1)

16. Bundesministerium der Verteidigung (2)

- Ministère de la défense (1)

- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (2)

- Department of Defence (1)

1. Ministero del tesoro (1)

2. Ministero delle finanze (2)

13. Ministero della difesa (3)

18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4)

5. Ministère de la force publique: armée (1) - gendarmerie - police

9. Ministère des communications: postes et télécommunications (2)

2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht (1)

3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht (1)

4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine (1)

Ministry of Defence (1)

1. Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

2. Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí

3. Õðïõñãåßï Åìðïñßïõ

4. Õðïõñãåßï Âéïìç÷áíßáò,ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò

5. Õðïõñãåßï EìðïñéêÞò Íáõôéëßáò

6. Õðïõñãåßï Ðñïåäñßáò ôçò ÊõâÝñíçóçò

7. Õðïõñãåßï Áéãáßïõ

8. Õðïõñãåßï Eóùôåñéêþí

9. Õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò

10. Õðïõñãåßï Eîùôåñéêþí

11. Õðïõñãåßï Åñãáóßáò

12. Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Åðéóôçìþí

13. Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò,×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí 'Åñãùí

14. Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí

15. Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí

16. Õðïõñãåßï Õãåßáò, Ðñïíïßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí

17. Õðïõñãåßï Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò

18. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Óôñáôïý (1)

19. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Íáõôéêïý (1)

20. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Aåñïðïñßáò (1)

21. Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò

22. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôýðïõ êáé Ðëçñïöïñéþí

23. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò

24. Ãåíéêü ×çìåßï ôïõ ÊñÜôïõò

25. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ËáïêÞò Åðéìüñöùóçò

26. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Éóüôçôáò ôùí Äýï Öýëùí

27. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí

28. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÁðïäÞìïõ Åëëçíéóìïý

29. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Âéïìç÷áíßáò

30. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá 'Åñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò

31. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý

32. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äçìïóßùí 'Åñãùí

33. ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Õðçñåóßá

34. Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò Ðñïíïßáò

35. Ïñãáíéóìüò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò

36. Åèíéêü Ôõðïãñáöåßï

37. EëëçíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò

38. Ôáìåßï ÅèíéêÞò Ïäïðïéßáò

39. Åèíéêü Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí

40. ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ

41. ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò

42. Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï ÈñÜêçò

43. ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí

44. ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí

45. Ðïëõôå÷íåßï KñÞôçò

46. Óéâéôáíßäåéïò Ó÷ïëÞ

47. ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò (OéêïíïìéêÝò êáé ÊïéíùíéêÝò ÅðéóôÞìåò)

48. Áéãéíßôåéï Íïóïêïìåßï

49. Áñåôáßåéï Íïóïêïìåßï

50. Åèíéêü ÊÝíôñï Äçìüóéáò Äéïßêçóçò

51. ÅëëçíéêÜ Ôá÷õäñïìåßá

52. Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ Õëéêïý

53. Ïñãáíéóìüò Ãåùñãéêþí Áóöáëßóåùí

54. Ïñãáíéóìüò Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí

3. Ministerio de Defensa (1)

Ministério da Defesa Nacional (1)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,