TITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1
Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno
o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición
conforme a derecho.
Artículo 2
1. No podrán ser objeto de arbitraje:
a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos
derivados de su ejecución.
b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición.
c) Las cuestiones en que, con arreglo a las Leyes, deba intervenir el Ministeno Fiscal en representación y
defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí
mismos.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los arbitrajes laborales.
Artículo 3
1. El arbitraje para ser válido deberá ajustarse a las prescripciones de esta Ley.
2. Cuando en forma distinta de la prescrita en esta Ley dos o más personas, pacten la intervención dirimente
de uno o más terceros y acepten expresa o tácitamente su decisión, después de emitida, el acuerdo será válido
y obligatorio para las partes si en él concurren los requisitos necesarios para la validez de un contrato.
Artículo 4
1. Los arbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a derecho o en equidad, según su saber y entender,
a elección de las partes.
2. En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje de derecho, los árbitros
resolverán en equidad, salvo que hayan encomendado la administración del arbitraje a una corporación o
asociación en cuyo caso se estará a lo que resulte de su reglamento.